El 15 de diciembre un vecino de Las Lajitas, Miguel Santillán, denunció ante al gobierno provincial que el intendente Alberto Fermani y la gerenta del hospital, Estelina Aguirre, se adueñaron de dos casas del Ministerio de Salud que brindaban albergue a médicos que trabajan en esa localidad.
Mediante sendas notas, dirigidas al gobernador Juan Manuel Urtubey y al ministro Oscar Villa Nougués, Santillán pidió entonces urgentes intervenciones "para preservar los bienes del Estado" ante el extraño cambio de manos de esas viviendas de servicios que fueron construidas entre 1978 y 1979 a través del Plan 007.
Sin ver a la Justicia actuar, el ciudadano de Las Lajitas redactó una nueva nota, dirigida ahora a los propios funcionarios que denunció hace cuatro meses, y les pidió que restituyan las viviendas a la cartera de Salud.
El reclamo, con copias al gobernador Urtubey y el ministro Villa Nougués, fue puesto a consideración de los vecinos de Las Lajitas el pasado viernes, por la tarde, y hasta el cierre de esta edición llevaba sumadas 240 firmas en adhesión.
Consultado al respecto, Santillán hizo notar que la casa que hoy figura a nombre de Fermani "está cerrada" desde hace largo tiempo y que "el intendente ocupó otra vivienda de la Secretaría de Deportes de Las Lajitas".
Sobre las respuestas que tuvieron las denuncias que presentó en diciembre, señaló que el 12 de enero fue notificado por la Coordinación de Asuntos Institucionales de la Provincia sobre la apertura de dos expedientes y que hace un mes se dispuso una auditoría, sin resultados conocidos.
Santillán tiene 62 años, sobrelleva desde niño las secuelas de la polio y no falta a una sola marcha de la Comisión de Familiares contra la Impunidad en la capital salteña.
Como abuelo, pide justicia para Tomás, su nieto que falleció en agosto de 2010, con 10 años de edad, tras un accidente hogareño que, según la familia, tuvo en la atención médica que recibió el niño negligencias fatales.
Como ciudadano, Santillán tampoco se da treguas en la batalla que sostiene en Las Lajitas por las dos viviendas de Salud que pasaron a manos de Fermani y Aguirre, en 2012, en condiciones que esperan ser aclaradas por la Justicia.
Santillán, quien se desempeñó como tesorero municipal a fines de los setenta, recuerda que esas casas fueron construidas a través del organismo provincial de viviendas para brindar alojamiento adecuado a los médicos que prestaban servicios en la Estación Sanitaria de Las Lajitas.
En total eran tres las viviendas del Plan 077 que hasta hace poco tiempo se concedían mediante contratos de comodato a profesionales de la salud, a quienes la cartera provincial les descontaba de sus recibos de sueldos los valores pactados por el alquiler.
Desde fines de 2012 los comodatos se cortaron, porque el intendente se convirtió en dueño de una de esas viviendas, la gerenta del hospital se quedó con otra y la tercera, que figuraba como propiedad del Municipio (matrícula 3155), empezó a usarse como sede de dependencias provinciales.
Las maniobras con las que operó el extraño cambio de manos de esas viviendas quedaron expuestas el 7 de enero en un documentado informe de El Tribuno.
Tras la publicación de las notas periodísticas, una joven de Apolinario Saravia sacudió al departamento Anta. Marisel del Milagro Alvarez se presentó en una radio de esa localidad, como sobrina de Fermani y dijo: "Vengo a limpiar mi nombre, porque abusaron de mi buena fe, me usaron y también he sido una víctima de un fraude".
En los asientos de la Dirección de Inmuebles, ella figura como vendedora de una de las viviendas que la cartera de Salud prestaba a médicos mediante comodatos y que en 2012 pasaron a ser propiedades del jefe comunal y de la gerente del hospital de Las Lajitas.
Durante la entrevista que mantuvo con el periodista Cándido Iradis, Marisel hizo un valiente descargo, con reveladores detalles de compras y ventas ficticias. Su testimonio dejó en situación comprometida al intendente Fermani y a Eduardo Daniel Paiva, un empresario de la construcción que supuestamente le vendió la casa por $60.000 a la sobrina de Fermani.
La joven aclaró que no puso un peso, sino solo una firma que le pidieron sus tíos, como un favor familiar que ella aceptó con buena fe y confianza, sin conocer la procedencia ni los entretelones de esa propiedad. Del mismo modo, afirmó que jamás vio ni conoció a Paiva, quien supuestamente le vendió la vivienda en una de las operaciones ficticias.
El Ministerio Público y la Justicia aún no aclararon tampoco la participación que tuvo el escribano Eduardo de Bairos Moura, titular del Registro N§ 3, en las certificaciones de las compras y ventas que se denunciaron ante autoridades provinciales como "hechos de corrupción" y ante la comunidad anteña como "operaciones ficticias".
Fuente: El Tribuno