El Gobierno pide "la nulidad" del fallo que declaró inconstitucional el pacto con Irán.

Los representantes del Estado se presentaron ante la Sala II de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la validez del acuerdo firmado con Teherán.

Los representantes del Estado pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más alto del país por debajo de la Corte Suprema, que declare la "nulidad" del fallo de la Cámara Federal que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado a la AMIA. Lo hicieron al exponer ante la Sala II del tribunal que debe resolver si confirma o revoca el fallo de la Sala I de la Cámara Federal.

"Ha quedado gravemente quebrantadas las normas del proceso", argumentó el abogado Horacio Diez, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.

Y remarcó que, según su punto de vista, "aquí no existe caso o causa judicial, no existe un caso contencioso que habilite la intervención del Poder Judicial de la Nación". "El memorándum de entendimiento no se encuentra en vigor", agregó.

El otro abogado por el Estado, Luciano Hazán, sostuvo que la causa se encuentra "en este momento impune".

Respecto de la Comisión de la Verdad prevista en el memorándum, los representantes del Estado remarcaron que sus conclusiones no tendrían carácter vinculante para la Justicia.

El acuerdo con Irán es uno de los ejes de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman , entre otros. Esto es así porque el fiscal consideró que el acuerdo es el instrumento mediante el cual se buscó encubrir a Irán en la causa AMIA. En su hipótesis, el avance del convenio iba a permitir que eventualmente se levantaran las circulares rojas de Interpol que pesan sobre cinco ex funcionarios iraníes sospechados de planear el ataque. Estas circulares son las que informan sobre los pedidos de captura internacional.

El pacto, además, mereció el rechazo de buena parte de la comunidad judía. La AMIA y la DAIA, con el patrocinio del abogado Miguel Bronfman, plantearon que era inconstitucional y lograron que los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, compartieran sus argumentos.
Fuente: La Nación

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