Insólita justificación del Gobierno por contratar a un militante condenado por violación: "Tenía el secundario completo".

El secretario de Derechos Humanos dijo que contrató a Carlos García Muñoz, quien estuvo preso en España por violar a su ex mujer, por recomendación de militantes.

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, intentó justificar hoy la contratación del militante kirchnerista Carlos Alberto García Muñoz, quien estuvo 10 años preso en España por violar a su ex mujer.

"Tenía antecedentes de haber trabajado en organismos de DDHH en Madrid, de haber tenido el secundario completo", aseguró el funcionario, en una entrevista con radio La Red. Y añadió: "Era una persona que venía trabajando en temas de derechos humanos".

García Muñoz presentó ayer su "renuncia indeclinable" al cargo que ejercía en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a partir del escándalo que provocó la noticia sobre la condena que cumplió en España por violación.

"Tenemos un sistema de control y de chequeo de la información, en particular de los currículum, y por cierto referencias. Su currículum presentaba referencias que eran suficientes para contratarlo", sostuvo Fresneda.

"LA PRESIDENTA NO LO SABÍA"

En medio del escándalo, el funcionario aseguró que García Muñoz, quien ingresó a la secretaría de Derechos Humanos en 2013, no era funcionario sino que "revestía como trabajador", y sostuvo que su currículum le fue acercado "por militantes".

"Efectivamente yo no lo sabía, no la sabíamos nosotros, no lo sabía la Presidenta [la condena]. No hay mecanismo institucional tampoco que pueda indicar eso, salvo que se pida expresamente a ese país. No había razón para solicitarlo", agregó el secretario de Derechos Humanos, quien contó que aceptó la renuncia que presentó García Muñoz tras una "larga conversación" que mantuvieron ayer.
Fresneda reiteró que su dependencia había solicitado los antecedentes de García Muñoz al Registro Nacional de Reincidencia y no tenía ningún antecedente penal. "Él omitió esa situación [la condena que cumplió en España por violación]", indicó.

El funcionario aseguró que el militante kirchnerista "estaba trabajando en una área específica de leyes reparatorias" y tenía un sueldo de alrededor de "8 mil pesos".

EL CASO

De acuerdo con una investigación que publicó anteayer el portal Infobae, García Muñoz fue condenado en 1999 en Barcelona por haber violado a su ex esposa María Jesús Anguren Sanjulian, a quien ya había agredido con anterioridad. La condena -originariamente, de 15 años- fue por agredirla con una navaja, atarla, violarla y golpearla hasta dejarla inconsciente. Según relató Infobae sobre la base del testimonio de la abogada de la víctima, García Muñoz fue arrestado in fraganti por la policía ante los pedidos de auxilio y los gritos de los pequeños hijos de la pareja.

García Muñoz residía en España tras haberse exiliado de la Argentina durante la dictadura militar. Al cumplir su condena, el 31 de diciembre de 2011, retornó al país, donde fue recibido con los brazos abiertos por el gobierno kirchnerista. García Muñoz fue uno de los cuatro prisioneros que en 1978 se fugaron del centro de detención conocido como "Mansión Seré"; con esta historia de víctima de la dictadura y posterior exilio, el Gobierno no sólo lo premió con un cargo en la Secretaría de Derechos Humanos, sino que participó en numerosos actos oficiales, incluso con presencia de la presidenta Cristina Kirchner .

"Esta persona hacía mucho que no volvía al país, había vuelto a declarar en el juicio de Mansión Seré, y había manifestado su necesidad de ser incorporado en alguna actividad para subsistir en la Argentina", relató Fresneda.

Enseguida, agregó: "Alguien hizo llegar su CV. Yo estaba tomando gente porque necesitaba reforzar las áreas de políticas reparatorias y así fue".

Por último, Fresneda admitió que la situación que se generó tras conocerse los antecedentes penales del ahora ex trabajador de su secretaría "no es una buena noticia", y dijo que "ojalá tengamos concursos públicos" para el ingreso de personal al Estado.
Fuente: La Nación

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